Bicameral

LA COMISIÓN BICAMERAL DE TRÁMITE LEGISLATIVO COMENZÓ A DEBATIR EL DNU SOBRE MIGRACIÓN

Nota Página 12

Con críticas de los especialistas

Miembros de organismos de derechos humanos, académicos y agrupaciones de migrantes señalaron que el DNU equipara a los migrantes con el delito y que no es la via para la reforma de la ley.

Organizaciones sociales, agrupaciones de migrantes y expertos en políticas migratorias solicitaron a los diputados y senadores que integran la Comisión bicameral de Trámite Legislativo que rechacen el decreto de necesidad y urgencia número 70/2017 con el que el Presidente Mauricio Macri modificó la ley de Migraciones. Criticaron que la reforma asocia a los migrantes con el delito y que fue impuesta sin previo debate parlamentario. Aunque el oficialismo sostuvo que había logrado un dictamen de mayoría, el presidente de la comisión determinó que la discusión se retomará la semana próxima debido a que al momento de firmar había muchos diputados y senadores ausentes. Durante la jornada, los legisladores kirchneristas adelantaron que rechazarán el decreto, mientras que los oficialistas lo defendieron sin concesiones.

  La comisión inauguró su jornada con el debate de dos decretos de necesidad y urgencia: el que modificó la ley nacional de Migraciones y el que reconfiguró el calendario de feriados y días no laborables. No obstante, el día solo alcanzó a darle la voz al director nacional de Migraciones, Horacio García, quien defendió los cambios vía decreto, y a referentes de organizaciones sociales, defensoras de derechos y de migrantes, investigadores y voces autorizadas en la materia que se anotaron para expresarse en desacuerdo con los cambios en el régimen migratorio.

Tras dos horas y media de exposiciones, el oficialismo informó que el DNU había sido avalado por un dictamen de mayoría, con las supuestas firmas de los diputados Nicolás Massot, Pablo Tonelli (Pro); Luis Petri y Martín Hernández (UCR); y los senadores Luis Naidenoff y Silvia Giacoppo (UCR). Sin embargo, al cierre, el presidente de la comisión, Mario Cleri, del FPV, llamó a un cuarto intermedio para continuar las exposiciones y cerrar la votación la semana próxima. Es que ni el oficialismo ni la oposición lograron reunir las nueve firmas necesarias.

García se limitó a calificar a Argentina como el país de Latinoamérica “con mayor grado de hospitalidad” y a justificar el DNU como la solución a un problema: “El sistema no funciona”, sostuvo en relación con la falta de concreción en las expulsiones, y avanzó: “Esto no significa ser xenófobos”. “Queremos ser abiertos con los que vienen a enaltecer al país y restrictivos los que cometieron delitos en su país y tratar expulsivos con quienes los cometen en el país”, concluyó.  

Diego Morales, del CELS, y Mariela Belski, de Amnistía Internacional, cuestionaron la exposición del funcionario y la modificación de la ley vía decreto. “Se está presentando que hay un problema serio de seguridad y la herramienta que se utilizó es un decreto de necesidad y urgencia. Pero no existen las razones de urgencia y necesidad. Presentan datos sacados de contexto”, señaló Morales. “Los migrantes no son el problema, pero eso no se ve en el decreto”, añadió. Belski también se quejó del DNU como “vía” elegida por el Gobierno para incluir modificaciones en la ley, lo que “lastima al sistema institucional y democrático”, mencionó. Para Ana Paula Penchaszadeh, investigadora del Instituto Gino Germani, “es mentira” que las modificaciones del DNU solo apuntan a agilizar las expulsiones de quienes cometan delitos. “Modifica y altera todo el sistema migratorio. No es una modificación parcial”, se quejó.  

La Comisión escuchó también a referentes de organizaciones de migrantes. Lourdes Rivadeneira, de la Red Nacional de Migrantes, se quejó de que Macri no los convocara para dialogar sobre los cambios. “A nosotros que supuestamente somos el problema, ni nos llamó y no nos quiso recibir después” de haber publicado el decreto, acusó. “Quisiéramos preguntarle si es cierto que con este DNU se va a erradicar la delincuencia, a los criminales y narcotráfico. Le decimos que hay connivencia entre la Justicia y las fuerzas policiales y le pedimos que no nos usen más como chivo expiatorio”, culminó. Otra vocera del sector fue Marta Guarreño López, de la Red de Líderes Migrantes, quien pidió a los legisladores “no confiar en las estadísticas de la prensa” que “son muy engañosas”. “Nosotros nacimos en otro país, pero eso no nos convierte en delincuentes”, añadió.

Yo no discrimino

El rescate de la tradición ya centenaria

El rescate de la tradición ya centenaria, el respeto y defensa de la diversidad multicultural y la promoción de los derechos.

En la Argentina, las migraciones internacionales han formado una parte constitutiva de los proyectos políticos del estado, aun cuando fueron utilizados por estos, en contra de los mismos inmigrantes.

En nuestra historia como país, bajo la Ley de Residencia de 1902, la legislación estigmatizó y señalo a la inmigración bajo la idea de distinguir entre el “buen extranjero” y el “extranjero indeseable”.

En este sentido con la propuesta de materia de políticas migratorias de Argentina, en una suerte de aval al el pedido de sectores de la derecha mas reaccionaria y los medios de comunicación, respecto del rechazo a los extranjeros con antecedentes penales y o delitos vinculados al narcotráfico .

Estamos entonces en el umbral de consolidarse con este DNU y aprobarse esta modificación, en camino a certificar medidas que podrían ser motivo de extradición las protestas por mejoras laborales y demandas sociales como la vivienda. Todos podemos ver como se estigmatiza y vincula al inmigrante con la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo. Esto no sería ni menos o más que reeditar así la Ley de Residencia que a principios del siglo XX expulsaba a los inmigrantes anarquistas y socialistas que organizaban huelgas los dividiria entre inmigrantes deseables e indeseables.

Todas estas medidas son al compás de las últimas medidas del gobierno estadounidense, las mas xenófobas y reaccionarias que se tiene memoria muchos países de la región americana han endurecido sus medidas migratorias como si se tratara de un acto reflejo.

Dentro de las propuestas que circulan en nuestro país, se intentan sacar del archivo del olvido medidas y recetas oscuras y tristes como la denominada ley de fronteras de la dictadura de argentina, la instrumentación de fueros especiales para inmigrantes que faciliten su deportación, el funcionamiento de una policía migratoria, la militarización de los pasos fronterizos, creación de espacios de detención, la profundizacion de las modificación al código penal que ya fue realizada, todo muy bien complementado por discursos oficiales donde el eje de la mirada de sospecha recae sobre en inmigrante, criminalizándolo.

Esto representa un pasaje a las épocas mas oscura de las dictaduras latinoamericanas de Videla en la Argentina y sus pares de Bolvia, Perú, , Chile, Brasil, donde el inmigrante fue objeto de las persecuciones más lacerantes y oprobiosas.

Desde Argentina, la misma dirección de migraciones en aquella época, los migrantes eran objeto bajo sospecha, persecución y en muchos casos deportados por la simple condición. Como si la política migratoria en cuestión tuviese como objetivo primordial estar sobre la vida misma de esas corrientes migratoria en su mayoría proveniente de los países limítrofes. Esta fluyeron con contingentes de paraguayos, bolivianos, peruanos, fue secundada por otra importante de colombianos, brasileños y dominicanos.

Recordemos que a fines del siglo XIX, la necesidad de trabajadores para la expansión económica de la Argentina fundamentó una política abierta hacia la migración extranjera. Pero hacia principios del siglo XX, los obreros extranjeros, que comenzaban a organizarse, ya no aparecían como “honestos hombres de trabajo” sino como sospechosos de atentar contra la seguridad nacional y portadores de ideologías foráneas. La sanción de la Ley de Residencia en 1902 permitió la expulsión de estos extranjeros “indeseables”.

A partir de aquí, la instrumentación de la denominada política de ilegalización de la inmigración, con la quita de derechos, signó las sucesivas legislaciones en esta materia, inclusive durante el peronismo. El mismo Ongania prohibió el trabajo de inmigrantes ilegales y temporarios, mientras que Illia habilitó la expulsión de extranjeros, inclusive los legales, en caso de que afectaran la seguridad nacional o el orden público. La dictadura militar quitó todo derecho civil y social a los inmigrantes ilegales. Con la vuelta de la democracia, se restringió la inmigración y la mayoría de los inmigrantes cayó en la ilegalidad.

Ochenta años después en 1981, en plena dictadura encabezada por Videla, se estableció la Ley General de Migración y Fomento de la Inmigración, que apuntó a garantizar la llegada de aquellas personas “cuyas características culturales permitan su adecuada integración”; además, se prohibió a todo extranjero ilegal desarrollar tareas remuneradas y se les impidió a quienes no tenían documentos acceder a los servicios de salud y educación.

Más tarde en pleno proceso democrático ,en 1984, el gobierno radical estableció una amnistía general que habilitó la radicación definitiva a todos las personas que no tenían documentación. Sin embargo, al poco tiempo, con el argumento de la gravedad de la crisis socio económica, la Dirección Nacional de Migraciones repuso una política restrictiva.

Llegamos a una instancia donde el gobierno de argentina, tergiversa de tal modo la realidad a través de su estrecho vinculo con los medios de comunicación , donde reflejan y equiparan a los inmigrantes como terroristas, delincuentes y narcotraficantes.

Ya durante el año pasado ya se realizo la reforma del Código Procesal Penal en materia de políticas migratorias, con la consiguiente devaluación de los derechos.

El subterfugio llega al extremo de exponer estadísticas oficiales manipuladas. Las restricciones históricas a la inmigración no detuvieron el ingreso de trabajadores al país, en especial de países limítrofes, que a causa de las graves crisis económico sociales de las últimas décadas en esos países que no tuvieron politicas adecuadas de contención social. Pero al estar ilegalizados, estos obreros se vieron obligados a tomar trabajos en condiciones igual de ilegales y esto lo vemos reflejados en la industria, los talleres textiles, el servicio doméstico, la construcción etc.

Así de esta forma estamos en la paradoja que de aprobarse la reforma de la ley migratoria , podemos ir en camini a la quita de mas derechos y estar expuestos a ser expulsados del país por realizar una simple medida de fuerza, bajo la figura de daños o de interrupción de servicios. Con la crisis económica se busca disciplinarlos, y expulsarlos si no aceptan peores condiciones de trabajo y de vida.

El rescate de la tradición ya centenaria, el respeto y defensa de la diversidad multicultural, la promoción de los derechos de nuestros inmigrantes y la búsqueda permanente de espacios de inclusión son parte de nuestro trabajo como sociedad.