Nota Página 12
Con críticas de los especialistas
Miembros de organismos de derechos humanos, académicos y agrupaciones de migrantes señalaron que el DNU equipara a los migrantes con el delito y que no es la via para la reforma de la ley.
Organizaciones sociales, agrupaciones de migrantes y expertos en políticas migratorias solicitaron a los diputados y senadores que integran la Comisión bicameral de Trámite Legislativo que rechacen el decreto de necesidad y urgencia número 70/2017 con el que el Presidente Mauricio Macri modificó la ley de Migraciones. Criticaron que la reforma asocia a los migrantes con el delito y que fue impuesta sin previo debate parlamentario. Aunque el oficialismo sostuvo que había logrado un dictamen de mayoría, el presidente de la comisión determinó que la discusión se retomará la semana próxima debido a que al momento de firmar había muchos diputados y senadores ausentes. Durante la jornada, los legisladores kirchneristas adelantaron que rechazarán el decreto, mientras que los oficialistas lo defendieron sin concesiones.
La comisión inauguró su jornada con el debate de dos decretos de necesidad y urgencia: el que modificó la ley nacional de Migraciones y el que reconfiguró el calendario de feriados y días no laborables. No obstante, el día solo alcanzó a darle la voz al director nacional de Migraciones, Horacio García, quien defendió los cambios vía decreto, y a referentes de organizaciones sociales, defensoras de derechos y de migrantes, investigadores y voces autorizadas en la materia que se anotaron para expresarse en desacuerdo con los cambios en el régimen migratorio.
Tras dos horas y media de exposiciones, el oficialismo informó que el DNU había sido avalado por un dictamen de mayoría, con las supuestas firmas de los diputados Nicolás Massot, Pablo Tonelli (Pro); Luis Petri y Martín Hernández (UCR); y los senadores Luis Naidenoff y Silvia Giacoppo (UCR). Sin embargo, al cierre, el presidente de la comisión, Mario Cleri, del FPV, llamó a un cuarto intermedio para continuar las exposiciones y cerrar la votación la semana próxima. Es que ni el oficialismo ni la oposición lograron reunir las nueve firmas necesarias.
García se limitó a calificar a Argentina como el país de Latinoamérica “con mayor grado de hospitalidad” y a justificar el DNU como la solución a un problema: “El sistema no funciona”, sostuvo en relación con la falta de concreción en las expulsiones, y avanzó: “Esto no significa ser xenófobos”. “Queremos ser abiertos con los que vienen a enaltecer al país y restrictivos los que cometieron delitos en su país y tratar expulsivos con quienes los cometen en el país”, concluyó.
Diego Morales, del CELS, y Mariela Belski, de Amnistía Internacional, cuestionaron la exposición del funcionario y la modificación de la ley vía decreto. “Se está presentando que hay un problema serio de seguridad y la herramienta que se utilizó es un decreto de necesidad y urgencia. Pero no existen las razones de urgencia y necesidad. Presentan datos sacados de contexto”, señaló Morales. “Los migrantes no son el problema, pero eso no se ve en el decreto”, añadió. Belski también se quejó del DNU como “vía” elegida por el Gobierno para incluir modificaciones en la ley, lo que “lastima al sistema institucional y democrático”, mencionó. Para Ana Paula Penchaszadeh, investigadora del Instituto Gino Germani, “es mentira” que las modificaciones del DNU solo apuntan a agilizar las expulsiones de quienes cometan delitos. “Modifica y altera todo el sistema migratorio. No es una modificación parcial”, se quejó.
La Comisión escuchó también a referentes de organizaciones de migrantes. Lourdes Rivadeneira, de la Red Nacional de Migrantes, se quejó de que Macri no los convocara para dialogar sobre los cambios. “A nosotros que supuestamente somos el problema, ni nos llamó y no nos quiso recibir después” de haber publicado el decreto, acusó. “Quisiéramos preguntarle si es cierto que con este DNU se va a erradicar la delincuencia, a los criminales y narcotráfico. Le decimos que hay connivencia entre la Justicia y las fuerzas policiales y le pedimos que no nos usen más como chivo expiatorio”, culminó. Otra vocera del sector fue Marta Guarreño López, de la Red de Líderes Migrantes, quien pidió a los legisladores “no confiar en las estadísticas de la prensa” que “son muy engañosas”. “Nosotros nacimos en otro país, pero eso no nos convierte en delincuentes”, añadió.
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