Desde el triángulo negro de Guatemala, Honduras y El Salvador, unas 60.000 mujeres cruzan la frontera de los Estados Unidos huyendo de la violencia patriarcal diseminada tanto en las calles como puertas adentro de los hogares, pero entonces no las espera el alivio sino el negocio de las cárceles privadas, donde son encerradas con sus hijos e hijas, enmascaradas bajo el nombre de residencias para familias migrantes. La abogada Barbara Hines, experta en migración que asiste a estas mujeres, cuenta de qué manera funciona el negocio de la reclusión en centros donde son castigadas y abusadas, y cómo opera un racismo solapado, como política disuasiva antimigratoria del gobierno de Barack Obama.
Sonia Hernández huyó de El Salvador con sus tres hijos pequeños desde que la muerte comenzó a pisarles los talones. Era el aviso póstumo de una violencia en escala que su ex pareja les dedicó durante años. La decisión de migrar hacia los Estados Unidos fue impuesta por la urgencia del miedo: de haber imaginado que el viaje significaba atravesar México hipotecando una vida que se suponía nueva en el Centro de Detención para familias migrantes de Karnes City, en Texas, habría preferido otro final. Sonia permaneció detenida durante 315 días, tras pedir asilo, hasta junio de este año en lo que recuerda como “la prisión”, donde la pérdida de contacto con el exterior de las mujeres con sus hijos e hijas inicia un camino de invisibilidad: primero se las traga el desierto, después, si logran sobrevivir y llegan a destino, se las traga la violencia del sistema norteamericano. Karnes City es una antigua cárcel reconvertida en “centro residencial para familias”, habilitada para unas 500 mujeres y menores de edad. “Pero nada se comprende demasiado hasta que no se vive el infierno”, advierte una de sus abogadas, Barbara Hines, experta en migración y parte activa del Comité Raíces, que brinda servicios legales en Karnes a madres detenidas con sus niñxs y a niñxs no acompañadxs. Hasta 2014 dirigió el Consultorio de Inmigración de la Facultad de Leyes de la Universidad de Texas, pero su trabajo como integrante de la Junta del Proyecto Nacional de Inmigración del Gremio Nacional de Abogados desde 1996, se refleja en el compromiso con miles de mujeres y niñxs que huyen de la violencia en Centroamérica. “Son víctimas de una política de inmigración defectuosa, pero creo que el racismo que pesa sobre esta población se trata en realidad de una reacción del miedo frente al cambio demográfico que estamos experimentando en los Estados Unidos.”
Entre abril y mayo últimos, unas 70 madres lideradas por la hondureña Kenia Galeano realizaron dos huelgas de hambre para lograr su libertad bajo fianza mientras se procesan sus solicitudes de asilo, y también para mejorar las condiciones de detención en el Centro Residencial de Karnes City, avalado por Barack Obama, donde además de las medidas represivas que se ejercen sobre las mujeres pesan denuncias por abuso sexual, tratamiento carcelario, castigo físico y políticas de aislamiento contra las migrantes y sus hijxs. El año pasado, el programa Democracy Now! presentó un informe sobre las denuncias de mujeres detenidas en Karnes que acusaron a los guardias de extorsionarlas y atacarlas sexualmente. En la demanda judicial declararon que les prometían ayudarlas en sus procesos migratorios a cambio de favores sexuales.
¿Son prácticas sistemáticas?
–Por lo menos no son incidentes aislados e inquieta su familiaridad. Representamos a muchas mujeres puestas en vigilancia o en aislamiento, son separadas de sus hijas e hijos, y se nos niega el acceso para verlas. Todo sucede en un entorno de coacción. Entonces estamos frente a una cárcel, no a un centro residencial de familias migrantes. En 2007, junto con otros abogados de la Unión Americana por los Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) litigamos para lograr el cierre de la cárcel de familias de Don Hutto, en Texas, hasta que en 2009 Obama decidió la clausura definitiva de estos lugares, pero frente al aumento de la oleada migrante volvió a abrirlos con el objetivo de disuadir a otros colectivos que tuvieran intenciones de migrar. En la actualidad funcionan tres centros de detención de familias, donde permanecen mientras dure su proceso de asilo.
¿Cuántas mujeres y niñxs cruzan la frontera cada año?
–El año pasado llegaron unas 60.000 mujeres con sus hijxs y más de 60.000 niñxs no acompañadxs de lo que llamamos “el triángulo norte”, Guatemala, El Salvador y Honduras, países donde existe un nivel altísimo de violencia, falta de protección estatal y una presencia casi absoluta de las maras, que gobiernan como un estado paralelo. Es decir que mujeres y jóvenes ya huyen de violencias de origen. Por caso, Guatemala y Honduras presentan los mayores registros de asesinatos de todo el mundo, con fuerte injerencia de la violencia doméstica y los reclutamientos forzados hacia dentro de las maras.
¿Cuáles son los relatos de las mujeres sobre esas violencias de origen?
–Describen que la violencia de género no sólo se limita a los lazos de pareja o a sus relaciones interpersonales, como suponemos de la violencia doméstica tradicional, sino y muy especialmente la relacionan con el accionar de las maras, que secuestran o toman a mujeres jóvenes para lo que llamamos “sexual slavery”, es decir la esclavitud con fines de trata para explotación sexual, bajo amenaza de matarlas si se niegan o de hacerles algún daño a sus familias si no se incorporan como las mujeres de los mareros. Los niños también padecen esta situación, porque cuando llegan a determinada edad, cada vez más temprana, son reclutados para ingresar a las maras, con consecuencias muy graves para ellos y sus familias si se resisten.
Es una política regional de exclusión que se traduce en un derrame de miserias sociales.
–Hasta el año pasado no formaba parte del debate sobre la exclusión reconocer que las maras existen, que están en esos países y que son la consecuencia de la política norteamericana de los ochenta y de las restricciones de la Ley de migraciones de 1996. El gobierno norteamericano apoyó a los militares durante la guerra civil en El Salvador, y parte de la población huyó a los Estados Unidos para buscar refugio. En 1996 se restringe la ley y se prevé la deportación de residentes permanentes por delitos menores; muchos deportados son jóvenes salvadoreños. Se les expulsó sin ningún recurso humanitario, sin importar cuánto tiempo habían vivido en ese país ni cuáles eran sus vínculos familiares. ¿Y qué hacen?, replican en El Salvador lo que habían vivido en barrios pobres de Los Angeles o Washington, y aquí tenemos el inicio real de las maras en Centroamérica. Cuando Obama comenzó a instalar el discurso de la amenaza a la seguridad nacional, nadie se atrevió a hablar del rol fundamental que los Estados Unidos jugó en la crisis de esos países.
Las invisibles
Desde 1975, cuando obtuvo su título en leyes, Hines se dedicó a la atención y asistencia de personas migrantes quebradas por las arbitrariedades que todavía hoy deparan las fronteras con los Estados Unidos. Presentó informes que sirvieron como precedentes en la legislación nacional, denunció las condiciones inhumanas y las libertades clausuradas de miles de mujeres y menores de edad hasta volverse invisibles. Una suma de horrores aumentada por el negocio lucrativo de las compañías de cárceles privadas que funcionan en el país, con récords alarmantes de maltrato a las personas bajo su custodia, sobre todo hacia madres jóvenes. “Es una situación de emergencia y una vergüenza nacional tener a madres con sus hijxs y a niñxs no acompañadxs en centros de detención, cuando escapan para preservar sus vidas”, lamenta.
Barack Obama fue muy criticado por la firma de contratos con empresas que garanticen una cifra mínima diaria de detenidxs en los centros.
–Eligió la respuesta más extremista de lo que podía resolverse con esas familias migrantes. Hay opciones mucho más humanas que encarcelar a madres con sus niñxs en cárceles privadas con fines de lucro, que ganan millones de dólares en las detenciones. Hablamos de mujeres víctimas de traumas graves en sus países y en los viajes de traslado a la frontera, que implican riesgos enormes a todo el grupo familiar, para llegar a centros donde las condiciones de supervivencia son infrahumanas, sin siquiera el derecho a una asistencia jurídica sustentada por el gobierno.
¿Que objetivos buscan alcanzar estas empresas?
–Garantizar camas. La Dirección de Migraciones exige el requisito de disponer de 34.000 camas todos los días en el territorio de los Estados Unidos. Figura en el presupuesto como un item que se denomina cuota de camas, y fue el éxito de las empresas carcelarias. A esto debemos agregarles las fianzas inaccesibles de entre 3.000 y 13.000 dólares que deben pagar las mujeres, pobres en su mayoría, para obtener la libertad y reunirse con sus familias instaladas en el país. Reciben ayuda de Ong´s como Raíces, que organizan fondos de donaciones para solicitantes de asilo, porque bajo el sistema de derechos humanos no deberían ser detenidas.
¿Qué sucede cuando son padres migrantes quienes cruzan la frontera con sus hijxs?
–Es otro ejemplo de la falta de coherencia de la política de Obama: los padres con sus hijos no son detenidos, porque no hay cárceles para ellos. Parece que son las mujeres quienes representan un peligro nacional, y Obama adoptó una política de disuasión. Al no poder probar que una madre de 20 años representa un peligro, basó su política en la idea de que “si detenemos a todas estas personas, estamos mandando un mensaje a otras miles que viven en Centroamérica para que no vengan”. Por suerte, el fallo reciente de un tribunal norteamericano declaró esa política inconstitucional.
Pero los centros de detención siguen funcionando a la vista de las poblaciones.
–No es tan así, porque en Texas funcionan en zonas rurales alejadas, a dos horas de San Antonio, una de las ciudades más importantes, y las mujeres dependen absolutamente de la intervención de las Ong´s. Hasta el año pasado organicé una red de voluntarios en la que además de desarrollar un proyecto de asistencia jurídica y social, litigamos e hicimos un trabajo de políticas públicas a escala nacional que ponía foco en las condiciones de detención. Al comienzo de esta campaña en 2007, con el centro de Don Hutto, algunas personas creían que sólo se trataba de mejorar condiciones, porque lxs niñxs llevaban uniformes carcelarios, ocupaban celdas, no les permitían moverse en libertad ni asistir a escuelas. Llevaré para toda mi vida la imagen de una bebita iraní de tres meses vestida con uniforme. Ocho años después el cambio es notable, aunque los centros estén manejados por la misma empresa carcelaria, Geo Group. Se avanzó un poco en cuanto a la posibilidad de usar ropa propia y tener un margen mayor de movimiento en lugares de detención. Por primera vez, todas las Ong´s dedicadas a esta problemática, más de 50 demócratas y las iglesias alzamos una sola voz diciendo que no existe ninguna razón humana para detener a un niño.
¿Lograron frenarse los castigos?
–Sigue habiendo, pese a que el gobierno lo niegue y argumente que son centros de residencia de familias. Yo les digo que manden a sus hijos e hijas a vivir allá, a ver si continúan sosteniendo ese discurso. En Karnes City las mujeres son contadas seis veces al día, como en una prisión. Antes debían permanecer en sus celdas para el conteo, ahora salen de las habitaciones y hacen una fila otras seis veces al día para demostrar que no se escaparon. La comida es pésima, sufren amenazas permanentes de que las van a denunciar al juez o a separar de sus hijxs si no se portan bien, y el número de las que sufrieron abuso sexual es cada vez mayor. Aquellas que fueron deportadas y entran al país por segunda vez, llegan a permanecer hasta un año en centros porque su liberación se complica con la Ley de migraciones. Las que realizaron las dos huelgas de hambre entre abril y mayo fueron trasladadas con sus hijxs a salas de la sección médica en represalia, y separadas del resto de la población refugiada. La respuesta del juez federal de San Antonio a las colegas que entablaron una demanda por el hecho, fue que las mujeres en tanto migrantes sin documentos no tenían ningún derecho a la libre expresión, aun bajo la primera enmienda de los Estados Unidos. Y esto porque firmaron una carta pidiendo por su libertad y revelando las condiciones terribles en que vivían.
Se ignoró políticamente el derecho humano a la migración.
–Ese es otro tema, porque Estados Unidos firmó muy pocos tratados internacionales y además, según nuestra jurisprudencia los tratados o convenciones internacionales son herramientas para interpretar las leyes, no obligaciones.
¿Qué manifiestan lxs niñxs y adolescentes que permanecen en estos centros?
–Lxs no acompañadxs no son alojadxs en cárceles sino en hogares manejados por agencias del bienestar del niño, y lo que en verdad sufren es el riesgo del viaje porque ahí hay secuestros, amenazas y muertes. Por lo general logran reunirse con sus familias residentes, pero de todos modos deben seguir con el proceso de migración. Y no hay suficientes abogadxs para representar a todas las niñas y niños no acompañados. Los que llegan con sus madres y pueden hablar dicen que saben que están en una cárcel. Para presentar los casos ante los jueces y pedir la rebaja de fianza, a veces pedimos a lxs niñxs que dibujen algo y dibujan una cárcel, entienden dónde están, aunque a veces creo que para lxs adolescentes es más difícil porque saben lo que está pasando. Sobre ellxs se vuelca mucha más violencia y sufren amenazas por su condición de casi adultxs.
El miedo probado
En los últimos tiempos, a partir de la demostración ante la Justicia “del miedo creíble” de las personas refugiadas a las persecuciones o a volver a sufrir violencias en los países de origen, se consiguió su liberación mientras dure el proceso de asilo. “Bajo la Convención de Refugiados, quien migra debe demostrar que puede ser perseguida por raza, religión, nacionalidad, determinado grupo social, opinión política o por violencia doméstica, un aspecto que el año pasado la corte administrativa de Migraciones reconoció como razón suficiente para que la mujer gane un caso. Es un paso relevante porque muchas de las mujeres alojadas en los centros de detención solicitan el asilo en base a esa causal. Sin embargo, una vez liberadas les colocan grilletes que fabrican las mismas empresas privadas encargadas de los centros”, describe la abogada. “Son tobilleras de un material negro, grandes y pesadas, que se les colocan a las mujeres como si fueran asesinas, para monitorear su ubicación. Ellas tienen que cargar esos aparatos cada seis horas, enchufándolos a la pared con un cable muy corto, para que no empiece a sonar una alarma interminable”. La primera mujer que vio con ese artefacto adosado a una de sus piernas en una terminal de autobuses era una salvadoreña que se echó a llorar “porque me contó que ´las únicas personas que tienen que usar grilletes en mi país son los criminales´. Es otra muestra de esta política estigmatizante y discriminatoria hacia las mujeres, pero también de un negocio impune en tanto el gobierno otorgó el contrato a la misma empresa carcelaria, Geo Group, que compró y adjudica los grilletes para esta especie de libertad condicional. O sea que no sólo gana millones de dólares para sus accionistas con el sufrimiento de las mujeres en las cárceles sino que sigue enriqueciéndose a través de un control externo y a la distancia”.
¿Cómo se manifestó el colectivo de abogadas que integra sobre el programa de grilletes?
-En principio, sostenemos que la detención debe ser la última respuesta y estamos en contra del programa de grilletes por lo aberrante de su implementación en tiempos de esperas procesales, que pueden durar meses. Propusimos un sistema de administración menos intrusivo en las vidas y los cuerpos de esas mujeres coordinado por Ong´s, para proporcionar asistencia legal y ayudarlas a encontrar un lugar donde vivir, y sobre todo para facilitarles su presentación en tiempo y forma en los tribunales, ya que una de las estrategias de Migraciones es imponer la necesidad del sistema de detención con grilletes “porque las mujeres no se presentan”.
¿Por qué persiste un desprecio institucional a las acciones de asistencia jurídica gratuita, colectiva y organizada?
- Se planteó que el gobierno, en vez de invertir millones de dólares en esas estructuras represivas, podía destinar el dinero a un sistema de asistencia gratuita, otorgándoles los contratos a organizaciones con experiencia en la temática, que puedan ganarse la confianza de las migrantes y que garanticen su presentación. Pero priorizaron un negocio que ya estaba encaminado con Geo Group, la misma empresa proveedora que tiene a cargo la mayoría de las cárceles de migración en los Estados Unidos y que además de manejar el régimen de grilletes coordina el sistema de administración de casos. Es una vergüenza, pero estas empresas despliegan un gran poder político y son las que donan millones de dólares a los candidatos en el Congreso.
Y se convierten en canales útiles de desintegración regional; van traccionando la voluntad del electorado norteamericano.
-En los Estados Unidos rige lo que llamaría la ansiedad de raza, esto es el rechazo del migrante y la falta de una reforma migratoria. Las leyes aprobadas por determinados estados como Arizona y Alabama, después fueron declaradas inconstitucionales, no tanto como una reacción contra migrantes sino contra el cambio demográfico en los Estados Unidos. No quieren más latinxs y por eso creo que la retórica anti-migrante es un subtexto, un código contra el cambio demográfico.
El fantasma de este siglo.
-Sí, y por eso Donald Trump ha tenido tanto éxito y manifestaciones contudentes. Pero también es un problema migratorio global que afecta principalmente a las mujeres.
No asoman horizontes que alienten a interpretar el derecho a la migración como un derecho humano.
-No, aunque en este aspecto la Argentina está muy avanzada con su normativa. Es el primer país que incorporó la idea de migración como un derecho humano. Trabajé en el Cels durante 1996, cuando se comenzaron a profundizar estudios y debates alrededor de la migración, y hasta hoy me siento muy involucrada con este proceso enriquecedor. Colaboré en la producción de jurisprudencia para derogar la llamada ley Videla de migraciones, y sustituirla con la nueva legislación. Vengo todos los años y estuve involucrada en la formación de la primera clínica jurídica para atención a migrantes de la UBA, Caref y Cels. Hace unos días participé del encuentro “Derechos humanos, migración y asilo. Jornadas de reflexión en tiempos difíciles”, co-organizado por el Ministerio Público de la Defensa, Acnur, Cels, Universidad de San Martín, Universidad de Lanús y la Oficina para la Argentina de la OIT.
¿Considera que es una herramienta jurídica que podría ser modelo de aplicación en otros países?
-Es una normativa amable y progresista. Algunos países de Latinoamérica ya adoptaron partes de la ley migratoria argentina, además de resultar un aporte valioso en cuanto a derechos sociales y laborales. Como contraparte, ser migrante en los Estados Unidos significa indocumentación y el goce escaso de derechos y privilegios. Allá, una persona es expulsada sin considerar sus vínculos familiares, y no se contempla el interés superior del niño. La legislación vigente tampoco protege al trabajador migrante, y eso genera explotación laboral.
La foto del niño sirio Aylan Kurdi, ahogado en una playa de Turquía en septiembre, desnuda una crisis migratoria mundial con Europa y Estados Unidos como actores centrales.
-Creo que hay muchos puntos semejantes entre esa imagen y lo que sucede con las refugiadas de Texas. Lo más triste es la reacción contra los migrantes sirios tanto en Europa como en los Estados Unidos, donde 31 estados, 30 gobernadores republicanos y un demócrata, han pronunciado que ningún refugiado sirio viva en sus regiones. No hemos aprendido nada de la historia. Y en esas semejanzas pienso que Obama y sus asesores, al ver a miles de niñxs y mujeres en las fronteras, tuvieron la reacción inmediata de depositarlxs en las cárceles, donde ya no se ven.
No pertenecen a sus países ni a aquél que lxs recibe. Y lo que no se ve, no existe.
-Es lo que se pretende, que miles de mujeres estén en centros de detención antes que compartir con ellas las calles y las filas en las terminales de autobuses de Texas. Hace años, una víctima que representé había escapado de Honduras con uno de sus hijos, de 17 años, aterrorizada. Era una religiosa evangélica que predicaba por las calles. Un día llegaron a su casa varios miembros de las maras a anunciarle que ya era tiempo de que el chico ingresara a la organización. Ella desobedeció y lo mandó a Estados Unidos. Cuando los mareros no pudieron hallar al adolescente comenzaron a amenazarla, fueron a su casa, la golpearon y abusaron frente a sus otros dos hijos de 6 y 3 años, con una pistola que le metieron en la boca diciéndole que iban a matarla por lo que hizo. Huyó al otro día, con lo puesto y sin dinero para pagarles a intermediarios o a los “coyotes” de tráfico humano, que se encargan de atravesar el desierto. Caminó por todo México y cuando llegó al río para cruzar a sus hijos, que no sabían nadar, dejó a un niño a un lado de la orilla, volvió a buscar al otro y quedó detenida por la guardia fronteriza, separada de esos niños. Pero ésta es apenas una historia de las tantas que se niegan, para que no existan.
Por Roxana Sandá
