Hacia una nueva "expulsión de los Mendigos"

Pasaron ya 40 inviernos desde la incursión en que la Policía de Tucumán realizó una cacería de mendigos y locos durante tres días, los encerraron en la comisaría 11 y los metieron en un camión que los llevó hasta Catamarca, donde los abandonaron. Fue una historia sin resonancia casi silenciosa, pero simbólica de lo que fue la brutalidad de la dictadura encarnadas en el General Bussi, gobernador de facto de Tucumán y Jefe del Operativo Independencia. El destierro de 25 vagabundos se produjo el 14 de julio de 1977 y fue un crimen sin castigo. Bussi admitió que la expulsión de gente pobre y locos fue “una aberración, aunque no un delito” .Todo no le alcanzó para exhibir las virtudes de su régimen ante el presidente de facto Jorge Rafael Videla, que visitaba entonces la provincia,para "adecentar" la ciudad para inaugurar la autopista norte de San Miguel de Tucumán.

Esta pesadilla no parece haber terminado y a cuatro décadas de estos hechos una nueva versión de la redada parece regresar con un proyecto denominado "proyecto de reorientación de los flujos migratorios internos de la Argentina" contemplará una fuerte campaña de concientización para trasladar al interior del país a aquellos inmigrantes que realizan sus trámites de radicación y para los que ya están viviendo en el Gran Buenos Aires o en la Ciudad de Buenos Aires, al igual que los argentinos del interior que están en esa misma zona. El miércoles pasado se realizó la primera reunión del proyecto de reorientación de flujos migratorios que coordinó la Dirección Nacional de Migraciones junto con los Ministerios de Desarrollo Social e Industria.

El plan nos retrotrae a la época donde la inmigración limítrofe empezó a ser concebida como amenaza y, bajo el argumento de la ilegalidad, a ser perseguida. Desde la década del ’60, en particular, el Estado argentino ha pretendido regular la inmigración proveniente de países limítrofes mediante medidas restrictivas y represivas, inspiradas en el régimen de control que se instituyó durante las primeras décadas del siglo 20 dirigido a los inmigrantes europeos considerados “indeseables” y luego actualizado en el marco de la doctrina de la seguridad nacional. La ley Videla, establecida durante la última dictadura militar en 1981, fue la expresión más acabada de una norma migratoria nacional que concibió a la inmigración como una amenaza externa. Y fue precisamente a través de la construcción como “ilegales”, esto es, como sujetos peligrosos, que estos inmigrantes de países limítrofes pasaron a ser representados como amenaza, heredando todo el cuerpo de disposiciones estatales creadas y destinadas al control de la inmigración.

En la misma sintonía recordamos como antecedente lo que podría plantearse que el primer intento de erradicación de villas,donde vivían y viven mayoría de inmigrantes, fue el Plan de Erradicación de Villas de Emergencia (PEVE). Este si bien fue creado durante la presidencia de Illia, en ese gobierno no se logra erradicar ninguna villa, en gran medida, gracias a la resistencia de los vecinos. El proyecto fue retomado y modificado por Onganía, cuando se sanciona la ley 17605 que da comienzo a la implementación del PEVE cuyo fin era “la eliminación total de las villas de emergencia…impedir la aparición de nuevas villas o el aumento demográfico de las actuales El plan se proponía el realojamiento de 56.000 familias.

Años más tarde, con la ordenanza 33.625/77, dictada por el entonces intendente de la dictadura Cacciatore, se dio comienzo al plan de erradicación de villas de emergencia que estaría a cargo de la CMV. Este plan fue aún más violento que el de Onganía y hasta su estructura respondía más a una estrategia militar que a una política de vivienda. Constaba de tres etapas: congelamiento, desaliento y erradicación.

Inmune a las críticas que le llegaron desde todas las partes del mundo "contra el odio y la xenofobia", el ex presidente francés, Nicolás Sarkozy, proponía seguir con su política de expulsión de gitanos rumanos. Y anunciaba que el Gobierno propugnará una reforma de la Ley de Inmigración  para que se "facilite el traslado a la frontera de extranjeros en situación irregular.

Muchos años después en Europa a mediados de 2015 UE planteaba que relocalizaría a más inmigrantes, pero detalles nunca estuvieron claros.Tras la oposición a un sistema de cuotas nacionales obligatorias, particularmente en estados de Europa del Este, los gobiernos seguirían discutiendo cómo repartir a los inmigrantes en el bloque aún sin saber cómo hacerlo. Esta acción por supuesto incluyó un lenguaje enérgico sobre la necesidad de un control más férreo de las fronteras externas del bloque.

Ya en las últimas décadas la incorporación de los inmigrantes a los procesos de producción permite contener los aumentos salariales y diferir el cierre de actividades o su relocalización a países con menores costos laborales. En el sector de los servicios, la inmigración, que ha crecido aceleradamente (representa entre el 65% y el 75% del PBI de los países más desarrollados), la demanda de inmigrantes para trabajar en los "servicios en situ" se ha multiplicado, particularmente en la construcción, la salud, la hotelería, el esparcimiento, el transporte, la recolección de residuos y el servicio doméstico. Creemos en una revisión urgente del programa para facilitar el sistema de ingreso en el que se tenga en cuenta el país donde tengan lazos familiares o mejores perspectivas de empleo para mejor así sus perspectivas de integración.

Parte importante del problema en la frontera es la ausencia de una política común del Mercosur, pero también de una política de inmigración integral, que dé respuestas coherentes y comprehensivas a un fenómeno global como es la movilidad de las personas. Por eso, además de las acciones que apuntamos destinadas a dar respuesta inmediata y a replantear el sistema , sería bueno ir más allá, y revisar también la política de inmigración en el Mercosur.

Con el endurecimiento de las condiciones de acceso al territorio argentino , el registro, el trazado de sus movimientos a través de la interconexión y la disminución de las garantías y de las vías de recurso para las personas amenazadas de expulsión, hay un proyecto deliberado de colocar una espada de Damocles encima de cada extranjero, una forma de hacer sentir que en Argentina solo estás tolerado.

El juicio histórico de estas políticas ha sido muy crítico, su examen pormenorizado sugiere que algunas de estas han tenido efecto negativo sobre los flujos migratorios, este es el caso de medidas como esta destinadas a la diversificación del sistema urbano y sobre todo a la ocupación de espacio escasamente poblados y el fortalecimiento de aéreas de alto potencial económico pero alejadas del poder político y las concentraciones urbana.

Por ellos el margen de maniobra es escaso para intervenir en los flujos migratorios así como es escaso el espacio político para hacer este tipo de programas, reconociendo que existen una serie de derechos que deben ser cautelados y que por ende limitan sin duda la aplicación de medidas ya usadas en el pasado.

Sabemos quiénes serian las víctimas de estas políticas y son el inmigrante, el pobre, el desocupado del interior, desesperado por la situación en la que vive en su país de origen, aquel que no tiene una profesión fija y trabaja de cualquier cosa. La política inmigratoria y el discurso oficial argentino indican que ese no es el inmigrante actualmente deseado. Por un lado constituye un sector laboral fácilmente sometido a la sobreexplotación, lo que contribuye a la baja de los salarios, y por el otro es víctima de la segregación social, la marginalidad, la xenofobia, y todo tipo de abusos por parte del Estado y de los empleadores. Ese tipo de inmigración es el que carga con cargas propias, ajenas, o inventadas, para encubrir deficiencias sociales en donde los responsables no son ellos.

La inmigración no es una amenaza, no se puede seleccionar a los inmigrantes bajo un criterio utilitarista. Los derechos adquiridos son permanentes y es nuestro deber trabajar para su defensa.